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viernes, 12 de julio de 2013

Astilleros y Gobierno españoles no convencen a la Union Europea



No pintan bien las cosas para los astilleros españoles. La delegación encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, no ha conseguido convencer al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, para que flexibilice su decisión que obligará a devolver las ayudas recibidas por el sector y conocidas como 'tax lease'.

Soria ha explicado que en la reunión mantenida en Bruselas se han presentado nuevos argumentos jurídicos, sociales y económicos para pedir que en la decisión que la Comisión tomará el próximo miércoles, se obligue a devolver las ayudas públicas recibidas a partir de 2011, cuando Bruselas inició formalmente la investigación, y no desde 2005, como mantiene Almunia. Este cambio supondría reducir muchísimo la factura, ya que los astilleros españoles dejaron de utilizar este sistema de ayudas casi inmediatamente después de que la Comisión abriera la investigación tras recibir una denuncia de Holanda.

El argumento es que en este periodo (2005-2011) "nunca nadie en Bruselas dijo nada sobre el sistema de ayudas español y, cuando se dijo, fue para reconocer que el sistema era totalmente compatible con las leyes europeas", ha razonado Soria. El Ministro ha puesto como prueba la carta pública que envió en 2009 la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que reconocía que las ayudas al sector español no eran ilegales.
Según Almunia, éste no es un argumento jurídico válido que permita cambiar su postura actual. "Esta carta ha sido analizada por los servicios de la Comisión y desde el punto de vista jurídico no se puede tener en cuenta", ha dicho. Según Almunia, jurídicamente deben declararse ilegales (y por tanto han de ser devueltas) las ayudas que recibió el sector desde 2005, que fue cuando la Comisión despejó cualquier inseguridad jurídica al declarar ilegal el sistema francés, muy parecido al español.

Almunia sí reconoce que se puede excluir la devolución de las ayudas concedidas entre 2002 -cuando entró en vigor este discutido sistema de bonificaciones fiscales- y 2005, ya que en esos tres años Bruselas no dejó clara su posición y hubo por tanto, "un escenario de inseguridad jurídica".

El responsable de Competencia ha dado a entender que no variará mucho su propuesta actual respecto a la que debe presentar al colegio de comisarios el próximo miércoles para adoptar la decisión final. Eso sí, Almunia ha flexibilizado algo su decisión respecto a la anterior, ya que en ésta última excluye a los armadores (los dueños de los bancos) de devolver las ayudas. Así, la Comisión entiende que hay razones jurídicas suficientes para obligar a que estas ayudas -valoradas en unos 2.800 millones de euros entre 2005 y 2011- tengan que ser devueltas sólo por las entidades financieras, que fueron las que se beneficiaron de deducciones fiscales.

Junto al ministro Soria han participado en la reunión el lehendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el de Asturias, Javier Fernández. También han participado en el encuentro los secretarios generales de CCOO y UGT, así como representantes de astilleros del País Vasco y Galicia.

El Lehendakari vasco ha pedido a la Comisión que atienda a los "razonamientos jurídicos, económicos y sociales" e incluso ha reclamado al presidente del Gobierno que se implique directamente para tratar de hacer cambiar de opinión si no a Almunia, al resto de comisarios que tiene que decidir la semana próxima.

Los representantes de los astilleros han salido descontentos de la reunión, señalando que Almunia no ha dado mucho margen a cambiar su decisión actual y han recordado que la obligación de devolver las ayudas pondrá en peligro el trabajo de más de 80.000 familias. A este respecto el comisario ha respondido que desde noviembre de 2012 la Comisión Europea dio el visto bueno a un nuevo sistema de ‘tax lease’ que sí cumple con toda la normativa europea sobre ayudas de Estado, por eso ha animado a los armadores y las entidades financieras a apostar por el sector español que, ha dicho, «es puntero».

Fuente: Panorama Marítimo y Portuario

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